Año 2024. Es indiscutible que la Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para formar parte de nuestra vida cotidiana. El Ecuador, lógicamente, no está exento de esta tendencia mundial. Muchas compañías utilizan en nuestro país, desde algún tiempo atrás, esta clase de tecnología como parte fundamental de sus procesos productivos. Desde el empleo del “chatbot” para responder preguntas al instante, hasta el procesamiento masivo de datos, son simples ejemplos de cómo, cada vez son más, las actividades empresariales que se vienen realizando bajo el auxilio de la IA.
Surge entonces para el Estado la obligación de regular la utilización de la IA, de tal forma que se garantice un empleo ético y responsable de la misma. En el Ecuador, al menos de momento, todavía no existe una ley en vigencia que norme esta materia. Debe pensarse, en consecuencia, en la necesidad urgente de expedir un cuerpo legal que, a más de dotar de un marco para la aplicación e innovación que esta tecnología implica, proteja, a su vez, los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente, aquellos relacionados con su privacidad.
Esto por cuanto es indiscutible que, a la par de sus múltiples beneficios, existen también, varios riesgos que están, lamentablemente, asociados a una utilización indebida de la IA. Manipulación de la información, propagación de fake news, disminución del empleo por aplicación de sistemas automáticos de respuesta, vulneración potencial a la protección de datos personales, etc.
Atendiendo, justamente, a esta preocupación, a la fecha en el Ecuador, se han presentado ya tres proyectos de Ley sobre esta temática, formalmente, a la Asamblea Nacional. Las propuestas incluyen el desarrollo de diferentes mecanismos de control, transparencia y sanción, orientados a prevenir abusos y tratando, asimismo, de asegurar una utilización equilibrada de la IA.
Es, por tanto, necesario que, la Asamblea Nacional, le conceda un espacio prioritario al tratamiento de estos proyectos de Ley, dentro de su agenda inmediata, pues de dilatarse su conocimiento y aprobación, muchos derechos fundamentales de los ecuatorianos, incluyendo aquellos atinentes a la privacidad de sus datos personales, podrían verse vulnerados ante una potencial utilización mal intencionada de la IA.
Se requiere, consecuentemente, dotar de seguridad jurídica tanto al sector empresarial que utiliza como parte de su operación habitual sistemas de IA, como también a los ciudadanos, potenciales consumidores y usuarios finales de los bienes y servicios que dicho sector comercializa.
La ley que regule el uso de la IA deberá, obligatoriamente, considerar la inversión de recursos y capacidades técnicas que implicará para el Estado su aplicación efectiva. Todo esto, pensando simultáneamente, equilibrar la libertad de empresa con la regulación; y, sin descuidar, además, la importancia que tiene el capacitar y educar al país en general, respecto al alcance de esta clase de herramienta tecnológica.
Autoría de la nota: José Ma. Morán Iturralde, Socio en Santillán Abogados