Toda inversión, independientemente de la actividad mercantil que se desarrollará asociada a una eventual operación de negocios, conlleva “gestionar” riesgo, esto pese a que el inversionista a cargo haya ejecutado todas las investigaciones de debida diligencia que pudiesen estar a su alcance como parte de una adecuada asesoría previa.
Ahora bien, pese a que una inversión implique ineludiblemente un riesgo per se, en múltiples ocasiones incluso atribuible a factores y coyunturas circunstanciales de mercado, aristas de índole internacional, políticas públicas, entre otras, lo cierto del caso es que la locación que albergará dicha inversión y operaciones asociadas constituye un punto clave para un crecimiento empresarial con estabilidad.
Costa Rica, un modesto país centroamericano de tan solo cincuenta y un mil cien kilómetros cuadrados y que actualmente ostenta el reconocimiento mundial por constituirse en el hogar de aproximadamente el cinco por ciento de la biodiversidad de flora y fauna del mundo, se erige como un verdadero centro estratégico de atracción de negocios e inversión extranjera, en el cual convergen distintos elementos que potencian crecimiento y estabilidad empresarial de importancia.
A nivel social, Costa Rica ofrece un entorno óptimo para el desarrollo de negocios, para lo cual destacan elementos diferenciadores cuyo valor agregado propician precisamente la fiabilidad y seguridad operativa y que a su vez garantiza el crecimiento estable y estructurado para los más distintos “gustos e intereses” de inversión.
Un sistema educativo robusto y de alta calidad, cuya cobertura es total a nivel del país en razón de las políticas públicas prioritarias en esta arista trascendental, genera una amplia oferta de capital humano especializado – altísima capacitación y tecnificación, además de dominio de idiomas – que indudablemente beneficiará a las empresas inversoras e implicará un significativo grado de competitividad. Esta sinergia a nivel educativo y de capacitación constante, son claro indicador de la notable expansión de hubs tecnológicos, servicios compartidos e innovación, lo cual genera alta productividad y menor rotación de personal.
Aunado a este punto clave, el país conocido mundialmente por el “pura vida” goza de una importante paz social, que contempla la inexistencia de fuerzas militares desde el año 1949, lo cual a todas luces ha permitido que los diferentes Gobiernos nacionales hayan destinado importantes recursos al desarrollo humano, calidad de vida y desarrollo de un clima social estable; esta idoneidad social promueve, más allá del crecimiento económico y rentabilidad financiera de los inversores, una percepción real de seguridad y tranquilidad en el día a día empresarial.
De hecho, esta paz social generalizada en Costa Rica, minimiza volatilidades a nivel comercial y refuerza la continuidad operacional de inversores, situación que genera confianza para grupos transnacionales y menor obstaculización para centros de servicios en el país, lo cual a su vez se traduce en resiliencia y mayor adaptabilidad para las empresas en un mundo perennemente competitivo.
Además, este país de significativo potencial, posee un enfoque prioritario en sostenibilidad, por cuanto es pionero en el desarrollo de energías renovables y en general protección ambiental, situación que atrae un sector de gran interés cuyos proyectos vinculados con economías verdes e inversión socialmente responsable ha desencadenado un auge importante. Por último, Costa Rica se caracteriza por una cultura e idiosincrasia que reconoce el valor de la inversión extranjera, por cuanto destaca la calidad de los diferentes empleos generados en razón del talento humano y la integración en cadenas de valor globales, lo cual implica un crecimiento de proyectos productivos y diversificación de servicios sofisticados.
Los elementos socioeconómicos, ambientales y en general de percepción positiva del país, resultan en indicadores claves para la toma de decisiones empresariales, enfocadas en la inversión extranjera directa, sin embargo, la arista legal constituye un factor trascendental.
Costa Rica como país de Derecho, a través de su sistema normativo sólido y cuya legislación promueve y resguarda la inversión extranjera, ofrece regulación clara y precisa para el desarrollo de operaciones locales que se traduce en seguridad jurídica para las diversas empresas con intención de inversión directa. A esta particularidad de importancia – máxime si se contrasta con otros países cuya inestabilidad política y jurídica resultan evidentes – se suman las políticas públicas y gubernamentales guiadas a la protección de inversión extranjera, tales como tratados de libre comercio, convenios multilaterales, mecanismos de resolución de conflictos y normativa regulatoria de alto valor.
En este sentido, el rol del marco jurídico en el país cumple un protagonismo tal que brinda una serie beneficios comparativos al inversor extranjero y es que Costa Rica se caracteriza por el ofrecimiento real de diversos incentivos a las empresas que invierten localmente y que actualmente resulta notable su eficacia.
El Régimen de Zonas Francas en el país reviste una relevancia notable y es que a través de las diferentes modalidades de regímenes especiales regulados debidamente por la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento, otorga beneficios y exoneraciones fiscales, gestiones diferenciadas en temas de importación, exportación, reinversión, protección especializada en ámbitos varios de la operación local, entre otros, que conjuntamente refuerzan una verdadera plataforma empresarial que promueven la exportación de servicios y manufactura de avanzada paralelamente con rentabilidad de negocio.
Aunado a lo anterior, la sólida institucionalidad costarricense brindan la seguridad jurídica requerida para que las diversas empresas puedan trazar un rumbo operacional estable y respaldado legalmente. Costa Rica cuenta, entre muchas otras entidades de interés asociado a la inversión extranjera directa, con la Promotora de Comercio Exterior, cuyo rol resulta importante como aliado estratégico y enlace especializado en inversión.
Por último, la basta legislación y por ende seguridad jurídica inherente a las empresas – sociedades mercantiles – facilitan y protegen simultáneamente las diversas transacciones, encadenamientos financieros y productivos y estructuras corporativas que invierten en el país. Asimismo, de especial relevancia, este engranaje legal empresarial coexiste con marcos regulatorios y de compliance de diversos sectores de interés tales como industria, comercio, energía, telecomunicaciones, tecnologías, turismo, entre otros, situación que sin duda promueve la planificación y estrategia de inversiones en un lugar que garantiza crecimiento, estabilidad y sostenibilidad empresarial.
Por. Minor Ávila San Lee
Partner Legal Consulting
